Memoria y política, Rosario/12, Sábado 20 de marzo de 2010

A veces escuchamos un discurso que habla sobre la necesidad de dejar de tener la mirada puesta en "el pasado" para dedicarse a los "problemas del presente". Esta idea plantea una aparente disociación entre pasado y presente, o lo que es lo mismo, entre historia y política, donde cada uno de los términos no necesariamente se corresponde con el otro.
Lo que nos interesa señalar respecto a tal afirmación es que la misma no deja de contener una posición menos política que aquella que plantea la mutua implicación entre estos planos. Es decir, y haciendo uso de la definición de Arturo Jauretche referida a la historia, lo que hay son políticas de la memoria.
Una, la que venimos analizando, es la que busca construir una lectura sobre el presente, la democracia o la política sin el sustrato de la memoria histórica. Lugar que ha dominado las políticas oficiales desde las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, pasando por los indultos, hasta el año 2003 y que podemos renombrar como política del olvido y de la impunidad.
La otra, en la que creemos, es la que considera que la verdad y la justicia sobre los acontecimientos de la última dictadura militar constituyen una reparación histórica que tiene directa relación con el presente y nuestras posibilidades futuras.
Si algo ha permitido develar la política de derechos humanos del actual gobierno nacional es la trama de intereses sobre la que se sostuvo la última dictadura militar, donde no sólo aparecen actores uniformados sino también poderosas corporaciones económicas y mediáticas que fueron tan beneficiadas por el gobierno de facto como protagónicas de las políticas que se implementaron en los años de democracia.
¿O acaso esto no está en juego en la decidida militancia política que lleva adelante la cúpula de la Iglesia Católica de la mano de Bergoglio, la Sociedad Rural y compañía, el Grupo Clarín y sectores políticos de la oposición?
Basta con retener las últimas declaraciones de Duhalde. La idea de unas Fuerzas Armadas "humilladas" (expresión que ya había sido dicha por Elisa Carrió) que deben usarse para el combate contra la delincuencia y la propuesta de una "amnistía" que varios sectores políticos comparten pero sólo Duhalde y el PRO se animan a decirlo, dan cuenta del lugar decisivo que ocupan los derechos humanos y la memoria histórica en la definición de los proyectos políticos de país que se debaten en el presente.
De cómo seamos capaces de afirmar socialmente estas relaciones podremos avanzar sobre las deudas pendientes de una democracia que aún espera resignificarse sobre la base de la justicia social o volver a transitar bajo nuevos rostros, y algunos repetidos, los caminos tristemente conocidos.

Sebastián Artola
Lic. en Ciencia Política. Profesor de la UNR. Encuentro por el Proyecto Nacional